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Archive for 10 enero 2009

El edificio denominado el mariposario

El edificio denominado mariposario, que es un atentado a nuestro Patrimonio Histórico, es una instalación ilegal e ilegalizable que tiene que ser derribada, conforme a las resoluciones judiciales que se han dictado en los múltiples procedimientos que se han llevado ante los Tribunales de Justicia de lo Contencioso Administrativo (Juzgados, Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Tribunal Supremo). El dueño del mariposario no cumple las resoluciones judiciales y el Ayuntamiento y más concretamente el Alcalde, que es quien tiene que ejecutar tales resoluciones, no lo hace, sino que, en una grave connivencia con el dueño del mariposario, dilata las actuaciones y ha permitido, con la inestimable ayuda del Concejal de urbanismo, que tal instalación esté abierta al público. Por ello esta Asociación (ADPHY) denunció tal hecho, lo que motivó que el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ycod abriera Diligencias penales contra el Alcalde y el dueño del mariposario. A finales del mes de noviembre el referido Juzgado dictó resolución acordando el sobreseimiento y archivo de las actuaciones en relación al Alcalde y su continuación respecto al dueño del mariposario por presunto delito de desobediencia. ADPHY recurrió tal resolución por entender que también el Alcalde debe ser acusado por presunto delito de desobediencia y prevaricación. Por su parte, el dueño del mariposario recurrió por entender que no ha cometido ningún hecho que pueda ser delito y ADPHY se opuso a tal recurso. Los recursos están admitidos a trámite y pendiente que la Juez resuelva.

Ante la solicitud de muchos ciudadanos de Ycod que desean tener una información real de este largo y complejo proceso se facilitan los últimos recursos presentados por la procuradora y abogada en nombre de ADPHY, ya que en los mismos se contiene un resumen de lo acontecido en relación a este tema.

ADPHY

diligencias previas: 1094/2007

 

Juzgado de Instrucción Nº UNO

 

                        DOÑA MARÍA ISABEL FUENTES GONZÁLEZ, Procuradora de los Tribunales y de la ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE YCOD (ADPHI), en su representación la Presidenta: Doña Mª Teresita Fernández Falcón, hablando en las Diligencias Previas Número 1094/2007, ante ese Juzgado comparece y como mejor proceda en Derecho  D I C E :

Que mediante el presente escrito vengo a manifestar que, habiendo sido notificado el Auto de sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias previas, de fecha 26 de noviembre de 2008, respecto del imputado don Diego Silvestre Afonso Guillermo, en uso del derecho que la Ley otorga de conformidad con lo establecido en los artículos 766 y ss. de la LECrim., vengo a interponer Recurso de Reforma subsidiario de Apelación contra dicho auto y sólo en relación al citado sobreseimiento libre y archivo, en base a los siguientes:

 

MOTIVOS

PRIMERO.-   En el párrafo único del fundamento jurídico tercero del Auto que se impugna se sostiene que:

“Aplicando tal doctrina al supuesto que se examina, es preciso concluir que por el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Icod de los Vinos no se ha incurrido en un delito de desobediencia. Para ello basta tener en cuenta que ha quedado acreditado que por el Ayuntamiento se está intentando y se está luchando por obtener el derribo de las obras declaradas ilegales llevadas a cabo en el núcleo histórico de Icod, actuando, así, en beneficio del Interés del Patrimonio Histórico de esta ciudad. …”.

 

Entiende esta parte que, no depende de la calificación jurídica que se haga en fase de instrucción si el hecho es o no constitutivo de delito, depende del hecho en sí y no podemos olvidar que corresponde al Ayuntamiento y, en particular, a su titular, al Alcalde, que se cumplan las leyes y los mandatos judiciales. Por otro lado, estamos conforme con la doctrina jurisprudencial que se cita en el fundamento jurídico segundo del auto que se impugna pero no con la interpretación de los hechos.

 

De los antecedentes de este largo litigio, que obra en las actuaciones aportados por esta parte, se desprende que el Alcalde del Ayuntamiento de Ycod, bien está deliberadamente incumpliendo el mandato judicial por motivaciones que esta parte desconoce o bien está retrasando deliberadamente el cumplimiento de las resoluciones judiciales, con expresa dejación de sus funciones y obligaciones.

 

 

SEGUNDO: Consta en las actuaciones que el Mariposario fue precintado con los apercibimientos legales el 21-05-2004 y, desde esa fecha, no se ha levantado el precinto. De hecho, el dueño del mariposario, entre los tantos procedimientos judiciales que ha instado, formuló ante el Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, incidente de suspensión de ejecución de la sentencia de 22-10-2004, dictada en grado de apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que fue resuelto por Auto de 22-05-07, por el que estimándose parcialmente la petición del actor, se acordó:

“suspender la ejecución de la sentencia dictada en los presentes autos en tanto se resuelve el recurso de revisión por el Tribunal Supremo únicamente en cuanto a la demolición de las obras, previa prestación por la parte actora de cuantía por importe de 30.000 euros que deberá aportarse en el plazo de diez días, sin que haya lugar a levantar el precinto de las instalaciones las cuales deben continuar en dicha situación de precinto”.

    

            Por Providencia de 17-07-07, se acordó:

“No habiéndose ingresado la caución exigida, se deja sin efecto la suspensión acordada por auto de fecha 22 de mayo de 2007”.

 

Por consiguiente, la vigencia del precinto del mariposario ha sido ininterrumpida desde el año 2004, y el Alcalde, en cumplimiento de la citada sentencia de 22-10-2004 y demás resoluciones judiciales, tenía que proceder a la demolición de las obras, puesto que es él, por mandato judicial, el responsable de la ejecución de la sentencia, por lo que el Alcalde del Ayuntamiento de Ycod, de forma deliberada no ha llevado a efecto las actuaciones para el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Además, consta en las actuaciones, los escritos de la Asociación para la defensa del Patrimonio Histórico de Ycod dirigidos al Ayuntamiento de Ycod, de fechas 19 de julio, 3 de octubre, 2 y 12 de noviembre y 1 de diciembre de 2007, en los que además de denunciar el quebrantamiento del precinto y que había personal dentro del mariposario, se le pedía que, en cumplimiento de la sentencia, se procediera a requerir de nuevo al dueño del mariposario de presunto delito de desobediencia, a reponer tal precinto y al derribo y demolición del mariposario para el restablecimiento del orden jurídico vulnerado y se le ponía de manifiesto que, para la citada Asociación, el Ayuntamiento estaba incumpliendo las resoluciones judiciales, colaborando con la actuación ilegal del dueño del mariposario y que ello era acorde con las manifestaciones del Concejal de Urbanismo, Don Francisco González Díaz, quien expresó a esta parte, en julio de 2007, que el Ayuntamiento había iniciado negociaciones con el dueño del mariposario para que no hubiera que proceder, como dictan las resoluciones judiciales, a mantener el precinto y al derribo de la edificación y que pedía para ello la aceptación de ADPHY. Ante la negativa de la Asociación, recordándole al Ayuntamiento que según sentencia la instalación era ilegal e ilegalizable, la respuesta que se ha obtenido es la comentada en este escrito de no proceder al cumplimiento de la sentencia y, con presunto delito de ocultación de documento público, al no facilitar ninguna documentación a la Asociación (a pesar de que es parte interesada en los expedientes administrativos del mariposario, aunque en fecha reciente se le ha dado vista del expediente, pero no del de demolición, que se le sigue negando).

 

 

Resultando muy sospechoso que, después de las referidas negociaciones del Ayuntamiento con el dueño del mariposario, es cuando éste se atrevió a abrir al público la instalación ilegal e ilegalizable, que obviamente no cuenta con licencia de apertura. Si el Ayuntamiento hubiera actuado con un mínimo de diligencia no hubiera permitido que el dueño del mariposario lo abriera al público e introdujera nuevas especies en dicha instalación, ya que por orden judicial llevaba cerrado más de tres años. Pero el Alcalde del Ayuntamiento, a pesar de los referidos escritos de esta parte denunciando tales hechos, hace caso omiso a los mismos y permite la actuación ilegal e ilegitima del dueño del mariposario, que no sólo se atrevió a romper el precinto sino que, además, lo tiene abierto al público, y sólo cuando esta parte le anunció, como así hizo, la denuncia por la vía penal de estos hechos, lo que dio lugar a las presentes Diligencias Previas, es cuando el Ayuntamiento inicia el camino de dictar múltiples Decretos sin eficacia jurídica alguna, queriendo dar una apariencia de legalidad a lo que es una simulación para intentar evitar ser acusado de desobediencia o prevaricación. Decretos que incluso pudieran ser contrarios a las resoluciones judiciales en la medida que se extralimita en su obligación de ejecución de la sentencia y que ni siquiera los ha hecho cumplir. Es más, la actuación del Alcalde del Ayuntamiento de Ycod, contraria a la legalidad y presuntamente prevaricadora, es de permisibilidad a la actuación ilegal e ilegitima del dueño del mariposario como lo evidencia los Decretos que dicta.

 

En este sentido, el Alcalde del Ayuntamiento de Ycod dictó lo siguiente:

05-12-2007  Decreto del Alcalde de Ycod ordenando el precinto inmediato del mariposario condicionándolo a la existencia animales en su interior.

03-01-2008  Decreto del Alcalde de Ycod ordenando el precinto inmediato y autorizando la entrada de personal mínimo necesario para atención de los animales, en horario de 9 a 12 horas y de 18,30 a 19,30 horas, con presencia policial.

22-01-2008  Decreto del Alcalde de Ycod, limitando el control policial sólo a la entrada y la salida del anteriormente señalado.

06-02-2008  Decreto del Alcalde de Ycod en el que recoge el Informe de la Policía en el que se indica que el dueño del mariposario les dijo: “QUE SE NEGABA AL PRECINTO DE LA ACTIVIDAD” “QUE NO DEJARÍA QUE SE PRECINTARA YA QUE EL Y EL PERSONAL MARIPOSARIO NO SALDRÍAN DEL RECINTO, QUE TENDRIAMOS DEL QUE SACARLO ESPOSADO Y QUE PARA PRECINTARLO TENDRIAMOS QUE TRAER ORDEN JUDICIAL” y se vuelve a reiterar la orden de precinto.

¿Cómo puede admitir el Ayuntamiento que para el cumplimiento de lo decidido judicialmente el dueño del mariposario diga que para ello tendrían que sacarlo esposado a él y a su personal, sin que el Alcalde del Ayuntamiento haga las acciones necesarias para proceder al precinto efectivo? Solo puede explicarse desde la pasividad del Alcalde que, en incumpliendo las resoluciones judiciales, actúa con total permisividad, permitiéndole al dueño del mariposario que persista en su actuación retadora y desobediente, sin que el Alcalde del Ayuntamiento de cumplimiento a las resoluciones judiciales, muy al contrario, sigue permitiendo que para el dueño del mariposario su voluntad y deseo sea más importante que el cumplimiento de las resoluciones judiciales, puesto que ese es el mismo comportamiento que está adoptando el Ayuntamiento. Y es que esta Corporación, y en particular su Alcalde, ha permitido que, con lo dificultoso que fue conseguir el precinto del mariposario -que requirió hasta permiso judicial de entrada en el recinto-, ahora su dueño no solo tenga mariposas en el mismo sino que quebrantando el precinto ha introducido además pájaros. Todo ello lo hace el dueño del mariposario, con la connivencia del Ayuntamiento, para iniciar procedimientos con la finalidad de dilatar y que no se cumplan las resoluciones judiciales, en una burla permanente a las decisiones judiciales y al Estado de Derecho, que alcanza también al Alcalde del Ayuntamiento. Estas acciones repugnan al Estado de Derecho, son un mal ejemplo a seguir y causan escándalo en la opinión pública y son presuntamente constitutivas de infracción penal al estarse de forma continuada quebrantando las resoluciones judiciales.

A mayor abundamiento hay que tener en cuenta que, por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2, se dictó Auto, de fecha 7 de mayo de 2008, requiriendo al Alcalde, con los apercibimientos legales correspondientes, para que en cumplimiento de la sentencia procediera a la demolición de las obras ilegales del mariposario en el plazo de un mes HAN TRANSCURRIDO casi SEIS MESES y el Alcalde sigue retrasando deliberadamente el cumplimiento. El mariposario, no sólo no está derribado, sino que ni siquiera está precintado y, además, está abierto al público.

El Alcalde del Ayuntamiento desobedece las resoluciones judiciales y retrasa deliberadamente la demolición del mariposario, lo que es acorde con sus propias declaraciones en la prensa, como la publicada en el periódico “El Día, de fecha 2 de julio de 2008, en el que afirmó que “El derribo del Mariposario del Drago no sería bueno para nadie” (Doc. 1). Después del Auto que se impugna vuelve a salir a la opinión pública con una declaración que también es escandalosa y repugna al ordenamiento jurídico  “Diario de Avisos” refiriéndose a las declaraciones del Alcalde a través de un comunicado de prensa “no ha incurrido en ningún delito de desobediencia por no hacer cumplir el precinto judicial del mariposario”.

 

TERCERO: Se dice en el Auto que se impugna que por el Ayuntamiento:

“…se está luchando por obtener el derribo de las obras declaradas ilegales llevadas a cabo en el núcleo histórico de Icod, actuando así, en beneficio del Interés Histórico de esta  ciudad…” “… teniendo en cuenta los múltiples Decretos que constan en las actuaciones por las que el Ayuntamiento ha pretendido luchar contra la ilegalidad de las obras y cumpliendo la obligación de que se respete el precinto del edificio en su día acordado por las múltiples resoluciones del orden contencioso administrativo…”

 

Con los debidos respetos, consideramos que la Instructora incurre en error, pues olvida que es precisamente al Alcalde al que corresponde ejecutar el derribo de las obras declaradas ilegales del mariposario, mantenerlo precintado y que no se abra al público. Entendemos que el Alcalde no tiene que luchar, sino dictar las órdenes oportunas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales y no ampararse en órdenes de precinto que no se cumplen, que ha supuesto se mofen de las mismas, introduciendo ya no mariposas sino otros animales para tomarlo como excusa y solicitar autorizaciones de entrada y, para mayor escarnio público, no sólo no se mantiene el precinto sino que el mariposario sigue abierto al público. Y todo esto, insistimos, ocurrió después que el Ayuntamiento estuviera negociando, cosa distinta al cumplimiento de las sentencias, con el dueño del mariposario en el verano del año pasado, como lo prueba el borrador del Convenio que consta en las actuaciones y al que se hace referencia en los escritos ya señalados de esta parte dirigidos al Ayuntamiento. Discrepamos, por tanto, en la afirmación que hace la Instructora de que el Alcalde, en este asunto, esté actuando en beneficio del Interés Histórico de Ycod, porque el hecho constatado es que el Alcalde, incumpliendo las resoluciones judiciales, habiendo sido requerido y apercibido legalmente (el último por el referido Auto de 7 de mayo de 2008, otorgándole el plazo de un mes para la demolición del mariposario, le consta que el mariposario NO SÓLO NO ESTÁ DERRIBADO SINO QUE SE QUEBRANTA EL PRECINTO Y QUE EL ESTABLECIMIENTO CLANDESTINO E ILEGALIZABLE ESTÁ ABIERTO AL PÚBLICO.

En consideración de esta parte hay que tener en cuenta que, corresponde al Ayuntamiento de Ycod la ejecución de las sentencias firmes, que ha sido requerido para ello en distintas ocasiones por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que en su día se autorizó judicialmente la entrada en el mariposario para el desalojo y precinto de tal establecimiento, que el precinto ha debido estar colocado permanentemente y que, para el caso de que se quebrantara, como así ha sido, había que proceder de inmediato a la reposición del mismo y no se explica el  interés desmedido del Ayuntamiento de Ycod en que no se cumplan las resoluciones judiciales y sí el interés ilegitimo e ilegal del dueño del mariposario. Por otro lado y como ya hemos señalado, de las últimas acciones promovidas por el dueño del mariposario ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, una ha sido la de solicitar la suspensión de la orden de demolición y de precinto del mariposario, ésta última nunca le fue estimada y la de suspensión de la demolición sólo rigió durante días, por no presentar la caución exigida, pero los incumplimientos del dueño del mariposario son tolerados sin que el Ayuntamiento le obligue al cumplimiento de las resoluciones, como es su responsabilidad al tener a su cargo que se cumplan las sentencias firmes dictadas. Estas acciones repugnan al Estado de Derecho, son un mal ejemplo a seguir y causan escándalo en la opinión pública y son presuntamente constitutivas de infracción penal al estarse de forma continuada quebrantando las resoluciones judiciales, acciones que se extienden no sólo al dueño del mariposario sino también al responsable del Ayuntamiento, el  Alcalde, quien deliberadamente está incumpliendo el mandato judicial o bien está retrasando indebida y deliberadamente el cumplimiento del mandato judicial con expresa dejación de sus funciones y obligaciones.

CUARTO: Por último, la Instructora sostiene en el Auto que se impugna, como motivo para dictar el sobreseimiento, que:

“No tiene ningún sentido que se diga que por el Ayuntamiento no se ha hecho nada por ejecutar la sentencia mencionada, cuando por el también imputado Sr. Plaza Velayos se ha interpuesto una querella que se sigue en este Juzgado contra el Alcalde del anterior Grupo de Gobierno y la Secretaria del mismo en aquel entonces por un presunto delito de prevaricación administrativa reputando ilegal un Decreto de convocatoria de sesión extraordinaria urgente para tratar, entre otros puntos del día, la cuestión del Mariposario, así como una querella contra doña María Isabel García Luis, parte de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Icod, miembro del actual Grupo de Gobierno Municipal, por entender que la misma ha incurrido un delito de tráfico de influencias a la hora de abordar el problema del Mariposario”

 

En nuestra consideración, lo anterior no tiene relación alguna para el sobreseimiento de las actuaciones en cuanto al Alcalde del Ayuntamiento, puesto que el dueño del mariposario utilice la vía penal intentando conseguir por vía penal lo que no ha podido obtener en la vía contencioso-administrativa (ante los Juzgados de tal orden jurisdiccional, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Tribunal Supremo), no es más que otra de sus actuaciones con fines dilatorios para seguir incumpliendo las resoluciones judiciales. Téngase en cuenta que en ninguno de los múltiples procedimientos contencioso-administrativo que ha formulado ha obtenido la razón. En este sentido, el dueño del mariposario, el imputado Sr. Plaza Velayos, ha formulado, entre otros, los siguientes procedimientos judiciales:

 

1.     Instada por el dueño del mariposario la legalización y ampliación del inmueble y licencia de primera utilización, le fue denegada por ser obras ilegalizables, por acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Ycod, de 12 de febrero de 1998, que fue confirmado por Sentencia de 21-10-2003, recurso 619/98, dictada por el la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y declarada firme por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, de fecha 27-10-2005, en el Recurso de Casación nº 9450/2003

 

2.     El Ayuntamiento de Ycod dictó el Decreto, de 9 de febrero de 2000, sobre suspensión de obras y precinto del mariposario, que fue anulado por sentencia, de fecha 17 de junio de 2002, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 3 (autos 157/2000), formulada apelación por el Ayuntamiento de Ycod y por esta parte,  la Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia 28-10-2003, estimó la apelación, revocó la sentencia de instancia y consideró ajustado a Derecho el citado Decreto del Ayuntamiento de suspensión de las obras y precinto del mariposario. Se formula por el dueño del mariposario:

 

a)     Incidente de nulidad que se desestima por la Sala, auto de 18-12-2003, confirmando la sentencia de 28-10-2003.

b)     Incidente de ejecución de sentencia para que se diera ejecutada la sentencia, auto de 30-03-2004, se desestima la pretensión y declara que la Administración debe continuar ejecutando la sentencia en sus propios términos, formulada apelación la Sala por sentencia de 27-09-2004, desestima la apelación.

c)     Por la negativa del recurrente al precinto se dicta auto, de 22-04-2004, por el que se autoriza al Ayuntamiento de Ycod la entrada en el mariposario para el precinto, en cumplimiento de la sentencia de la Sala de 28-10-2003; se formula apelación por el recurrente y la Sala, por sentencia de 29-09-2004, confirma el auto del Juzgado de instancia sobre entrada en local.

3.     Por Sentencia de la Sala, de 22-10-2004, se aprecia ajustado a derecho el Acuerdo tomado el día 29 de julio de 2002 por la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Ycod, en el que se ordenó el restablecimiento del orden infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las obras que no se ajustan al proyecto y a la licencia de obras núm. 13/1996.

 

Posiblemente igual suerte correrá con las querellas formuladas, ya que si se trata de un Decreto de convocatoria para tratar el tema del mariposario, será algún acuerdo que ya ha sido revisado por la jurisdicción contencioso-administrativa y que difícilmente podrá ser constitutivo de delito de prevaricación, amén de que no alcanzamos a entender como la Secretaria del Ayuntamiento puede ni siquiera imputársele un presunto delito de prevaricación cuando no tiene funciones decisorias en las convocatorias de las sesiones del Ayuntamiento; lo que corrobora que los fines que persigue el dueño del mariposario utilizando la vía penal es intentar dilatar más el cumplimiento de las resoluciones judiciales dictadas por la jurisdicción contencioso-administrativa. Igual suerte probablemente correrá la querella contra la Sra. García Luis, quien no forma parte, desde el inicio de las presentes diligencias, de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico de Ycod, las razones las hizo públicas y al ser de índole políticas no entramos en ellas. Hacemos esta alegación porque nos resulta una prueba más de que el Ayuntamiento, y en particular el Alcalde, para favorecer los intereses ilegítimos del dueño del mariposario está incumpliendo deliberadamente el mandato judicial y también deliberadamente está retrasando el mismo, con dejación de sus funciones. Si tantos procedimientos ha instado el Sr. Plaza Velayos ¿cómo es posible que no se haya querellado contra el responsable de la ejecución de la sentencia, el Alcalde de Ycod? Sólo se entiende porque está siendo favorecido por éste con la inestimable colaboración del Concejal de Urbanismo.

 

Por todo lo expuesto,

 SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado este escrito con las manifestaciones en él contenidas y el documento que se acompaña, se sirva admitirlo, lo una a los autos de su razón, y en sus méritos se tenga por presentado Recurso de Reforma subsidiario de Apelación, contra el auto de fecha 26 de noviembre de 2008 en cuanto sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias previas, respecto del imputado don Diego Silvestre Afonso Guillermo. y previos los trámites legales oportunos, acuerde su tramitación  declarando nulo el sobreseimiento libre de las diligencias previas abiertas por lo expuesto en el cuerpo del recurso.

 

OTRO SÍ DIGO: Que en cumplimiento de lo dispuesto la LECrim , esta parte deja constancia de su voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la citada Ley, por lo que solicita le fuesen puestos de manifiesto los defectos procesales en los que pudiera incurrir este escrito para su subsanación de manera inmediata.

SUPLICO: Se tenga por manifestada la anterior solicitud y por expresada la voluntad

         Es justicia que pido en Ycod, a cinco de diciembre  de dos mil ocho.

ABOGADA : MARIA DOLORES RODRIGUEZ PEREZ                                               

PROCURADORA: MARIA ISABEL FUENTES

                                                            

 

 

 

 

 

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